La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, por el 68% de los ecuatorianos, fue modificada este jueves con el voto de 100 legisladores del oficialismo, versus los escasos ocho votos de la oposición que se dio cita en la Asamblea Nacional. Dar vía libre a la reelección indefinida de las autoridades que son elegidos en unos comicios fue uno de los cambios más polémicos, aunque los legisladores le quitaron hierro al asunto y se limitaron a hablar de la posibilidad de “postularse” o “candidatizarse” indefinidamente.

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Sin embargo, la reelección del presidente Rafael Correa, que parecía ser el principal beneficiario del cambio constitucional, ha quedado aparcada. El legislativo introdujo una disposición transitoria que señala que la nueva norma no surtirá efecto en las elecciones de 2017. Esto fue un pedido del propio Correa quien, pese a la ambigüedad de sus últimas declaraciones, ha dado un paso al costado. Así lo hizo saber en una entrevista con Radio France Internationale, el martes pasado, durante su visita a París. “Mi plan es, al menos en lo inmediato, retirarme por lo menos un tiempo, y un buen tiempo, de la vida política (…) y venir a pasar algunos años aquí a Europa”, dijo.

La oposición en Ecuador, sin embargo, guarda cierto escepticismo porque aún queda un año para las elecciones generales y los cambios constitucionales aprobados durante esta jornada aumentan el poder del Estado. La socialista Martha Roldós, hija del expresidente Jaime Roldós, teme que algo pase en 2016. “Algo se cuece, sino ¿por qué pone a los militares en la calle?, ¿por qué declara a la comunicación como un servicio público?”, se cuestiona. El conservador Guillermo Lasso, el único candidato visible para el 2017, también reprocha “la estatización de la comunicación” y la “militarización del país”.

La reelección de Rafael Correa ha quedado aparcada

Pero voces internas del movimiento que gobierna ya empiezan a hablar del sucesor de Correa. Suenan los nombres del exvicepresidente Lenín Moreno, del canciller Ricardo Patiño, del presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, entre otros. Esta última puede aprovecharse de otro cambio constitucional que se aprobó este jueves: la reducción de la edad para buscar la presidencia de 35 a 30 años.

De las 16 enmiendas constitucionales planteadas en 2014, solo se desestimó una: la que pretendía ampliar el poder de la Defensoría del Pueblo. Entre los otros cambios que se aprobaron tras diez horas de debate destacan: la reducción de competencias en salud y educación de los municipios locales, la legislación para los trabajadores del sector público, las pensiones de los miembros de la Fuerza Pública y la conformación de las regiones autónomas descentralizadas.

Las protestas contra las medidas que iban a tomar los legisladores se mantuvieron desde la noche previa al debate de las enmiendas. Los sectores indígenas y sindicalistas hicieron una vigilia y durante esta jornada trataron de acercarse al edificio del legislativo sin suerte. Un contingente de 2.800 policías bloqueó todos los accesos, además de la caballería y los canes policiales que arremetieron contra la gente. Hubo decenas de heridos, tanto policías como civiles, y se detuvo a dirigentes sindicales y políticos de oposición. Las manifestaciones de rechazo se extendieron a Guayaquil, Cuenca, Ibarra y algunas ciudades del oriente ecuatoriano. Todo esto mientras el partido gobernante Alianza País festejó su triunfo con su militancia en la sede presidencial y en los exteriores de la Asamblea Nacional.

fuente:http://internacional.elpais.com

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